martes, 8 de junio de 2010
HELEN THOMAS: BOUTADE DE DESPEDIDA
Texto: EL PAÍS 8 junio 2010
La decana de los corresponsales de la Casa Blanca acaba de anunciar que se retira y no del modo que hubiera planeado. A los 89 años de edad, Helen Thomas ha sido víctima de sus propios y casi siempre mordaces comentarios y se ha visto forzada a abandonar el privilegiado sitio en la sala de prensa de la Casa Blanca que ha ocupado durante más de medio siglo.
Thomas, hasta hace pocas horas en nómina de Hearst Newspapers como columnista, hizo el pasado 27 de mayo unas declaraciones que le han reportado una dura crítica y su abandono del periodismo. Durante la celebración del Mes de la Herencia Judía, una página web llamada RabbiLIVE.com entrevistó brevemente a la periodista a la salida de una rueda de prensa en la Casa Blanca.
"¿Algún comentario sobre Israel?", preguntó el reportero. "Dígales que se larguen de Palestina", respondió la venerable Thomas. "¿Algún mejor comentario sobre Israel?", insistió el entrevistador. Thomas explicó entonces la tesis que mantenía su comentario: "Recuerde, esta gente [los palestinos] están siendo ocupados en su propia tierra. No es la tierra ni de los alemanes ni de los polacos".
Hasta aquí, las palabras de Thomas ya eran suficientemente incendiarias. Pero es que insistió cuando se le cuestionó sobre dónde deberían de ir entonces los judíos que están en Israel. "Que se vayan a su casa", lo que en opinión de la periodista es "Polonia, Alemania ... América u otro sitio".
Hija de inmigrantes libaneses, Helen Thomas cubrió la Casa Blanca durante más de 50 años para la agencia de prensa United Press International (UPI).
jueves, 3 de junio de 2010
SI YO FUERA FUMADOR / Vicente Molina Foix
EL PAÍS
Si yo fuera fumador
VICENTE MOLINA FOIX 03/06/2010
No he fumado ni un solo cigarrillo en mi vida, una vida pasada desde la infancia entre fumadores, algunos de ellos orgullosos de serlo, es decir, no pertenecientes a ese grupo mayoritario de quienes, al ofrecerte uno y rechazarlo tú diciendo que no fumas, te dicen en serio, con una leve sonrisa de añoranza: "Pues no sabes la suerte que tienes, chico". Como soy de naturaleza hedonista, para bien y para mal, siempre he pensado que el pobre soy yo por privarme, pues no me cabe duda de que el tabaquismo es el ismo más contundente, más comprensible y más democrático de la historia de las vanguardias del placer.
Contemplo estupefacto los torpes preparativos por parte del Gobierno de una nueva ley antitabaco
Como al que más, me molesta tener que tragarme a la fuerza el humo de los desconocidos en los lugares públicos, sobre todo si me lo echan en la cara, pero contemplo estupefacto los torpes preparativos de una nueva ley antitabaco que el Gobierno de Zapatero, con su conocida política general de declaraciones vibrantes y rectificaciones vergonzantes, vuelve a anunciar. Al igual que en otros asuntos donde confluyen la salud pública y el derecho privado, me parece indignante que al fumador, hoy por hoy todavía un sujeto que vive en la legalidad, se le degrade socialmente, se le aísle y se le confine, mientras se le intimida con cajetillas truculentas que recuerdan las estampitas de Pedro Botero rodeado de niños disolutos quemándose en el infierno con las que los curas y monjas querían infundirnos la aversión al pecado. Ya se saben los resultados de aquellas campañas de profilaxis moral: los pecados de la carne están que arden, cada día más, y la tendencia progresista universal es que cualquier acto placentero que se practique sin coacción ni abuso es aceptable -por atípico o extremo que resulte-, quedando la consideración de su posible daño individual al criterio de cada persona.
Ahora bien, creo que el fumador español ha caído en un vicio peor que el de encender compulsivamente sus cigarrillos y aspirar su humo. No ha entendido lo fácil que sería un pacto social entre él, directamente, y el no fumador, que hiciera innecesario, e incluso ridículo, el arbitrismo avasallador de la nueva ley preparada por la ministra Jiménez. Ese pacto tan sólo tendría que tomar en cuenta que una tendencia salutífera mundial -con la que se puede o no estar de acuerdo- ha puesto de relieve en los últimos años la evidente injusticia histórica de que el fumador, antes, pudiera fumar en todas partes a su antojo sin reparar en los que no lo hacían. El asumido respeto de unas mínimas normas de educación cortés, de atención al otro, de auto-control cívico, debería facultar a los fumadores a exigir una similar tolerancia con ellos.
Así que si yo fuera fumador, me levantaría en armas dialécticas contra una ley desproporcionada que pretende no la regulación de una molestia, sino la eliminación de un hábito, convirtiendo al que lo ha adquirido libremente en un paria de la sociedad.
Pero también, si yo fuera fumador, huiría como de la peste del romanticismo literario del hecho de fumar, que me parece superfluo y puede llegar a cursi. Igual de cursi que el de esos activistas de la igualdad sexual que para dorar la píldora de algo tan natural como la homosexualidad se sienten obligados a citar a las grandes autoridades que lo fueron: Sócrates, Safo, Miguel Ángel, Tchaikovski, Virginia Woolf. El sistema de prelaciones ha de ser irrelevante a la hora de exigir que a todo ser humano no forzado se le deje hacer aquello que desea: acostarse con la gente de su mismo sexo, beber hasta no decir basta (otro campo donde los aficionados a las listas de ilustres predecesores tienen el cielo abierto), practicar los juegos de azar y, por supuesto, fumar.
Si yo fuera fumador y viajero habría luchado (¿es hoy ya demasiado tarde, dada la inercia de los códigos de buenas prácticas?) por el mantenimiento en los medios de transporte que permiten una separación efectiva de espacios donde fumar. El tren. Es típico del bondadoso maximalismo de los dirigentes, no solo españoles, haber pasado radicalmente de un tiempo en que se fumaba en todas partes a no dejar que el viajero que hacomprado su billete al mismo precio no pueda echar ni un pitillo en ningún lugar de un largo convoy ferroviario que a veces hace trayectos largos.
Si yo fuera fumador, me rebelaría y trataría de boicotear los hoteles que prohíben ya prácticamente del todo fumar en cualquier habitación, por cara que esta sea. Me impresionó la anécdota, sucedida hace poco, de la visita de un reputado escritor español a París, donde su editorial francesa le hospedaba en un hotel de cinco estrellas al que acudió a verle una amiga común. Al preguntar ella por el huésped, el recepcionista, con un mohín desdeñoso, le indicó un número de habitación del último piso, para el que había que tomar un ascensor pequeño y de poca luz situado en un recodo del hall. Al llegar a lo alto, una especie de gallinero sin el alfombrado por el que es famoso el hotel, la amiga comprobó que el escritor ocupaba un habitáculo más bien lóbrego en el que la recibió, eso sí, cigarrillo en mano.
Si yo fuera, finalmente, fumador madrileño, habría sido más cuco, no dejándome engatusar por la demagogia barata de Esperanza Aguirre, que burló la anterior ley Salgado, dejando fumar de manera indiscriminada en la inmensa mayoría de los sitios de ocio de la comunidad que preside, sin que los fumadores, al menos los de izquierda, objetaran.
No está aún probado que el tabaco sea una religión, en cuyo caso sería la creencia más extendida del mundo. Escribo esto desde mi condición de ateo de todos los credos y de todas las nicotinas, incluso la más baja.
No me mueve a escribir la caridad, sino la razón. Libertad de ritos. De eso se habla ahora, también desde una conciencia avanzada, y es una libertad a considerar, por mucho que implique a menudo el convertirnos a los laicos en víctimas pasivas de sus emanaciones dogmáticas.
A los practicantes sobrenaturales se les permite, incluso en un Estado no-confesional, echar campanas al vuelo, llamar chillonamente a la oración, hacer procesiones o rogativas al santo (puro humo para quienes no creemos en milagros), mientras que todos los días, cuando bajo a comprar la prensa, veo junto al portal a un puñado de oficinistas de mi edificio practicando vergonzantemente, en mangas de camisa incluso si hace frío, el rito infame del cigarrillo de media mañana, que sabe a gloria, según parece.
No puedo impedir que me venga entonces a la cabeza la imagen de los primeros cristianos apiñados para rezar en las catacumbas. El daño del tabaco. Eso sí está probado, y ningún fumador lo ignora.
Dejémosle su libre albedrío, su derecho humano al placer peligroso, sólo atentos a que su ismo, su religión o su vicio no perjudiquen la salud terrenal de los que están a su alrededor, frase que veo impresa en la cajetilla de un amigo que acaba de encender su Fortuna en mi salón.
Vicente Molina Foix es escritor.
Si yo fuera fumador
VICENTE MOLINA FOIX 03/06/2010
No he fumado ni un solo cigarrillo en mi vida, una vida pasada desde la infancia entre fumadores, algunos de ellos orgullosos de serlo, es decir, no pertenecientes a ese grupo mayoritario de quienes, al ofrecerte uno y rechazarlo tú diciendo que no fumas, te dicen en serio, con una leve sonrisa de añoranza: "Pues no sabes la suerte que tienes, chico". Como soy de naturaleza hedonista, para bien y para mal, siempre he pensado que el pobre soy yo por privarme, pues no me cabe duda de que el tabaquismo es el ismo más contundente, más comprensible y más democrático de la historia de las vanguardias del placer.
Contemplo estupefacto los torpes preparativos por parte del Gobierno de una nueva ley antitabaco
Como al que más, me molesta tener que tragarme a la fuerza el humo de los desconocidos en los lugares públicos, sobre todo si me lo echan en la cara, pero contemplo estupefacto los torpes preparativos de una nueva ley antitabaco que el Gobierno de Zapatero, con su conocida política general de declaraciones vibrantes y rectificaciones vergonzantes, vuelve a anunciar. Al igual que en otros asuntos donde confluyen la salud pública y el derecho privado, me parece indignante que al fumador, hoy por hoy todavía un sujeto que vive en la legalidad, se le degrade socialmente, se le aísle y se le confine, mientras se le intimida con cajetillas truculentas que recuerdan las estampitas de Pedro Botero rodeado de niños disolutos quemándose en el infierno con las que los curas y monjas querían infundirnos la aversión al pecado. Ya se saben los resultados de aquellas campañas de profilaxis moral: los pecados de la carne están que arden, cada día más, y la tendencia progresista universal es que cualquier acto placentero que se practique sin coacción ni abuso es aceptable -por atípico o extremo que resulte-, quedando la consideración de su posible daño individual al criterio de cada persona.
Ahora bien, creo que el fumador español ha caído en un vicio peor que el de encender compulsivamente sus cigarrillos y aspirar su humo. No ha entendido lo fácil que sería un pacto social entre él, directamente, y el no fumador, que hiciera innecesario, e incluso ridículo, el arbitrismo avasallador de la nueva ley preparada por la ministra Jiménez. Ese pacto tan sólo tendría que tomar en cuenta que una tendencia salutífera mundial -con la que se puede o no estar de acuerdo- ha puesto de relieve en los últimos años la evidente injusticia histórica de que el fumador, antes, pudiera fumar en todas partes a su antojo sin reparar en los que no lo hacían. El asumido respeto de unas mínimas normas de educación cortés, de atención al otro, de auto-control cívico, debería facultar a los fumadores a exigir una similar tolerancia con ellos.
Así que si yo fuera fumador, me levantaría en armas dialécticas contra una ley desproporcionada que pretende no la regulación de una molestia, sino la eliminación de un hábito, convirtiendo al que lo ha adquirido libremente en un paria de la sociedad.
Pero también, si yo fuera fumador, huiría como de la peste del romanticismo literario del hecho de fumar, que me parece superfluo y puede llegar a cursi. Igual de cursi que el de esos activistas de la igualdad sexual que para dorar la píldora de algo tan natural como la homosexualidad se sienten obligados a citar a las grandes autoridades que lo fueron: Sócrates, Safo, Miguel Ángel, Tchaikovski, Virginia Woolf. El sistema de prelaciones ha de ser irrelevante a la hora de exigir que a todo ser humano no forzado se le deje hacer aquello que desea: acostarse con la gente de su mismo sexo, beber hasta no decir basta (otro campo donde los aficionados a las listas de ilustres predecesores tienen el cielo abierto), practicar los juegos de azar y, por supuesto, fumar.
Si yo fuera fumador y viajero habría luchado (¿es hoy ya demasiado tarde, dada la inercia de los códigos de buenas prácticas?) por el mantenimiento en los medios de transporte que permiten una separación efectiva de espacios donde fumar. El tren. Es típico del bondadoso maximalismo de los dirigentes, no solo españoles, haber pasado radicalmente de un tiempo en que se fumaba en todas partes a no dejar que el viajero que hacomprado su billete al mismo precio no pueda echar ni un pitillo en ningún lugar de un largo convoy ferroviario que a veces hace trayectos largos.
Si yo fuera fumador, me rebelaría y trataría de boicotear los hoteles que prohíben ya prácticamente del todo fumar en cualquier habitación, por cara que esta sea. Me impresionó la anécdota, sucedida hace poco, de la visita de un reputado escritor español a París, donde su editorial francesa le hospedaba en un hotel de cinco estrellas al que acudió a verle una amiga común. Al preguntar ella por el huésped, el recepcionista, con un mohín desdeñoso, le indicó un número de habitación del último piso, para el que había que tomar un ascensor pequeño y de poca luz situado en un recodo del hall. Al llegar a lo alto, una especie de gallinero sin el alfombrado por el que es famoso el hotel, la amiga comprobó que el escritor ocupaba un habitáculo más bien lóbrego en el que la recibió, eso sí, cigarrillo en mano.
Si yo fuera, finalmente, fumador madrileño, habría sido más cuco, no dejándome engatusar por la demagogia barata de Esperanza Aguirre, que burló la anterior ley Salgado, dejando fumar de manera indiscriminada en la inmensa mayoría de los sitios de ocio de la comunidad que preside, sin que los fumadores, al menos los de izquierda, objetaran.
No está aún probado que el tabaco sea una religión, en cuyo caso sería la creencia más extendida del mundo. Escribo esto desde mi condición de ateo de todos los credos y de todas las nicotinas, incluso la más baja.
No me mueve a escribir la caridad, sino la razón. Libertad de ritos. De eso se habla ahora, también desde una conciencia avanzada, y es una libertad a considerar, por mucho que implique a menudo el convertirnos a los laicos en víctimas pasivas de sus emanaciones dogmáticas.
A los practicantes sobrenaturales se les permite, incluso en un Estado no-confesional, echar campanas al vuelo, llamar chillonamente a la oración, hacer procesiones o rogativas al santo (puro humo para quienes no creemos en milagros), mientras que todos los días, cuando bajo a comprar la prensa, veo junto al portal a un puñado de oficinistas de mi edificio practicando vergonzantemente, en mangas de camisa incluso si hace frío, el rito infame del cigarrillo de media mañana, que sabe a gloria, según parece.
No puedo impedir que me venga entonces a la cabeza la imagen de los primeros cristianos apiñados para rezar en las catacumbas. El daño del tabaco. Eso sí está probado, y ningún fumador lo ignora.
Dejémosle su libre albedrío, su derecho humano al placer peligroso, sólo atentos a que su ismo, su religión o su vicio no perjudiquen la salud terrenal de los que están a su alrededor, frase que veo impresa en la cajetilla de un amigo que acaba de encender su Fortuna en mi salón.
Vicente Molina Foix es escritor.
lunes, 31 de mayo de 2010
lunes, 3 de mayo de 2010
EL PROBLEMA DEL "HIYAB" VISTO POR UNO DE FORCAREI.
A TORRE VIXÍA
XOSE LUÍS BARREIRO
A VOZ DE GALICIA Jueves 29 de abril de 2010
El problema del «hiyab» visto por uno de Forcarei
Cuando yo era pequeño, las señoras de Forcarei usaban pano. No era un hiyab , pero se le parecía mucho. Las chicas y señoras jóvenes solían llevar panos de colores, que se colocaban y ataban con mucha coquetería. Pero a partir de cierta edad se ponían panos y mantos negros, y, lejos de parecerse a las chicas que ahora llevan el hiyab a los institutos y discotecas, guardaban mucha semejanza con las mujeres iraníes, a las que solo en casa se las puede ver -dicen- espléndidas y seductoras.
El Concello de Forcarei acaba de publicar un libro sobre la memoria fotográfica de Terra de Montes, en el que es posible ver un acto cívico -el pago del subsidio agrario, y no la procesión del Corpus- en el que todas las mujeres llevaban el inseparable pano negro que les cubría cabeza, la frente y las orejas. A las señoras de Forcarei, que eran muy cultas y libres, nadie las obligaba a llevar pano, pero la vida era así y ellas se lo ponían. Y por eso en la década de los 60, cuando los jóvenes empezamos a dejarnos melenas, empezaron ellas a quitarse el pano y a vestirse de colores, sin que nadie les dijese nada y sin ayuda de filósofos ni legisladores.
Pero a muchas de ellas el cambio les llegó tarde, y siguieron usando el pano hasta su muerte. Por eso tuve vecinas -Preciosa da Ferreira, Carmen de Armada, Mercedes de Quintillán, Carmen de Rivela, Esperanza de Pichel o Xana da Ponte- a las que nunca les vi el pelo, y a las que sus hijos mandaron al monte Miau con el mismo pano negro con el que han de resucitar en el valle de Josafat.
Si no fuésemos tan soberbios y desmemoriados, y no confundiésemos nuestra condición de nuevos ricos con la de cultos progresistas, no aceptaríamos criterios absolutos sobre el vestir, no diríamos tonterías a propósito del hiyab , no haríamos leyes estúpidas, no confundiríamos los hábitos sociales o religiosos con la libertad, y dejaríamos que las inmigrantes se quitasen el hiyab de la misma manera que nuestras madres se quitaron el pano: cuando les dio la gana, cuando se sintieron mejor sin él que con él, y sin aceptar que era símbolo de atraso o sumisión que, como dueñas de sus casas y educadoras de sus hijos, jamás reconocieron.
Claro que esta filosofía no se aprende en los másteres de Harvard, sino conviviendo con aquellas personas que, después de vivir situaciones de máxima dificultad, tuvieron que ganar la modernidad al ritmo que les pedía el cuerpo. Por eso nunca tuve duda de que aquellas mujeres vestidas de negro eran lo más moderno e inteligente que había en la España de Franco, que pudo avasallar a catedráticos, jueces, obispos y yuppies , pero nunca les quitó su dignidad a las campesinas tocadas con un pano negro que todos respetábamos.
XOSE LUÍS BARREIRO
A VOZ DE GALICIA Jueves 29 de abril de 2010
El problema del «hiyab» visto por uno de Forcarei
Cuando yo era pequeño, las señoras de Forcarei usaban pano. No era un hiyab , pero se le parecía mucho. Las chicas y señoras jóvenes solían llevar panos de colores, que se colocaban y ataban con mucha coquetería. Pero a partir de cierta edad se ponían panos y mantos negros, y, lejos de parecerse a las chicas que ahora llevan el hiyab a los institutos y discotecas, guardaban mucha semejanza con las mujeres iraníes, a las que solo en casa se las puede ver -dicen- espléndidas y seductoras.
El Concello de Forcarei acaba de publicar un libro sobre la memoria fotográfica de Terra de Montes, en el que es posible ver un acto cívico -el pago del subsidio agrario, y no la procesión del Corpus- en el que todas las mujeres llevaban el inseparable pano negro que les cubría cabeza, la frente y las orejas. A las señoras de Forcarei, que eran muy cultas y libres, nadie las obligaba a llevar pano, pero la vida era así y ellas se lo ponían. Y por eso en la década de los 60, cuando los jóvenes empezamos a dejarnos melenas, empezaron ellas a quitarse el pano y a vestirse de colores, sin que nadie les dijese nada y sin ayuda de filósofos ni legisladores.
Pero a muchas de ellas el cambio les llegó tarde, y siguieron usando el pano hasta su muerte. Por eso tuve vecinas -Preciosa da Ferreira, Carmen de Armada, Mercedes de Quintillán, Carmen de Rivela, Esperanza de Pichel o Xana da Ponte- a las que nunca les vi el pelo, y a las que sus hijos mandaron al monte Miau con el mismo pano negro con el que han de resucitar en el valle de Josafat.
Si no fuésemos tan soberbios y desmemoriados, y no confundiésemos nuestra condición de nuevos ricos con la de cultos progresistas, no aceptaríamos criterios absolutos sobre el vestir, no diríamos tonterías a propósito del hiyab , no haríamos leyes estúpidas, no confundiríamos los hábitos sociales o religiosos con la libertad, y dejaríamos que las inmigrantes se quitasen el hiyab de la misma manera que nuestras madres se quitaron el pano: cuando les dio la gana, cuando se sintieron mejor sin él que con él, y sin aceptar que era símbolo de atraso o sumisión que, como dueñas de sus casas y educadoras de sus hijos, jamás reconocieron.
Claro que esta filosofía no se aprende en los másteres de Harvard, sino conviviendo con aquellas personas que, después de vivir situaciones de máxima dificultad, tuvieron que ganar la modernidad al ritmo que les pedía el cuerpo. Por eso nunca tuve duda de que aquellas mujeres vestidas de negro eran lo más moderno e inteligente que había en la España de Franco, que pudo avasallar a catedráticos, jueces, obispos y yuppies , pero nunca les quitó su dignidad a las campesinas tocadas con un pano negro que todos respetábamos.
sábado, 10 de abril de 2010
XOSE LUÍS BARREIRO: A TORRE VIXÍA
LA VERDAD SOBRE EL CASO GARZÓN
La Voz de Galicia
Sábado 10 de abril de 2010
A Garzón no lo van a juzgar por investigar los crímenes del franquismo, sino por haberse declarado competente en ese caso sabiendo que no lo era. El problema viene de viejo, hasta el punto de forzar al Gobierno y al Parlamento a intervenir en contra de aquella bola de nieve -juzgar al sursum corda, en el ámbito de la Vía Láctea y dentro de la Era cristiana- a la que se le dio el pomposo nombre de «justicia universal», siguiendo un modelo que solo servía para aumentar el brillo de los instructores a costa de acumular basura sobre los juzgadores.
Si el caso Garzón se contempla aislado, y se compara con sus posibles consecuencias, podría decirse que estamos ante un proceso injusto por desmesurado, y a ello se acogen los numerosos jueces estrella que, haciendo pura demagogia, tratan de intimidar a los jueces del Supremo en defensa de Garzón. Pero si el problema se analiza dentro de su contexto, parece evidente que el caso Garzón no es más que un enfrentamiento a muerte entre dos formas de entender la figura del juez: los que creen -como Varela- que el juez solo está para instruir casos y dictar sentencias de acuerdo con las leyes, primando la función de juzgar correctamente sobre la de resolver los problemas de la humanidad; y los que creen -como Garzón- que la justicia es una forma sui generis de gobernar el mundo, y que, más allá de la monótona y funcionarial tarea de juzgar a presuntos delincuentes, prevalece el intento de acabar con el terrorismo, eliminar a los dictadores, erradicar la coca, meter en cintura a los malos Gobiernos y procesar al Papa por los abusos sexuales de los curas irlandeses.
Por eso son tan distintas las actuaciones de Varela y Garzón. Porque, mientras el primero se limita a hacer su trabajo de juez, Garzón quiere forzar todos los procesos -en materia y en ámbito- para suplir las carencias de los Gobiernos, la lentitud y la falta de perspectiva de los Parlamentos y las ineficiencias de la policía. Y por eso lleva toda su vida instruyendo causas en las que la criminalidad se extiende por pura capilaridad -como sucede en su lucha contra ETA-, la competencia es sideral, el tiempo no existe, y todos los dictadores o criminales de guerra están al alcance de la Audiencia Nacional española.
La conclusión es que Varela solo se equivocó al elegir la causa y el momento para actuar, pero no en el hecho de enfrentarse a esta concepción del juez -verdadera dictadura- que, en vez de hacer justicia, decide salvar el mundo. Y pobres de nosotros si pierde Varela -que puede ser- y queda el garzonismo inmunizado para siempre. Porque los salvadores suelen ser injustos, y porque un buen juez desbocado no lo hace mejor que un buen caballo desbocado.
LA VERDAD SOBRE EL CASO GARZÓN
La Voz de Galicia
Sábado 10 de abril de 2010
A Garzón no lo van a juzgar por investigar los crímenes del franquismo, sino por haberse declarado competente en ese caso sabiendo que no lo era. El problema viene de viejo, hasta el punto de forzar al Gobierno y al Parlamento a intervenir en contra de aquella bola de nieve -juzgar al sursum corda, en el ámbito de la Vía Láctea y dentro de la Era cristiana- a la que se le dio el pomposo nombre de «justicia universal», siguiendo un modelo que solo servía para aumentar el brillo de los instructores a costa de acumular basura sobre los juzgadores.
Si el caso Garzón se contempla aislado, y se compara con sus posibles consecuencias, podría decirse que estamos ante un proceso injusto por desmesurado, y a ello se acogen los numerosos jueces estrella que, haciendo pura demagogia, tratan de intimidar a los jueces del Supremo en defensa de Garzón. Pero si el problema se analiza dentro de su contexto, parece evidente que el caso Garzón no es más que un enfrentamiento a muerte entre dos formas de entender la figura del juez: los que creen -como Varela- que el juez solo está para instruir casos y dictar sentencias de acuerdo con las leyes, primando la función de juzgar correctamente sobre la de resolver los problemas de la humanidad; y los que creen -como Garzón- que la justicia es una forma sui generis de gobernar el mundo, y que, más allá de la monótona y funcionarial tarea de juzgar a presuntos delincuentes, prevalece el intento de acabar con el terrorismo, eliminar a los dictadores, erradicar la coca, meter en cintura a los malos Gobiernos y procesar al Papa por los abusos sexuales de los curas irlandeses.
Por eso son tan distintas las actuaciones de Varela y Garzón. Porque, mientras el primero se limita a hacer su trabajo de juez, Garzón quiere forzar todos los procesos -en materia y en ámbito- para suplir las carencias de los Gobiernos, la lentitud y la falta de perspectiva de los Parlamentos y las ineficiencias de la policía. Y por eso lleva toda su vida instruyendo causas en las que la criminalidad se extiende por pura capilaridad -como sucede en su lucha contra ETA-, la competencia es sideral, el tiempo no existe, y todos los dictadores o criminales de guerra están al alcance de la Audiencia Nacional española.
La conclusión es que Varela solo se equivocó al elegir la causa y el momento para actuar, pero no en el hecho de enfrentarse a esta concepción del juez -verdadera dictadura- que, en vez de hacer justicia, decide salvar el mundo. Y pobres de nosotros si pierde Varela -que puede ser- y queda el garzonismo inmunizado para siempre. Porque los salvadores suelen ser injustos, y porque un buen juez desbocado no lo hace mejor que un buen caballo desbocado.
domingo, 21 de febrero de 2010
miércoles, 3 de febrero de 2010
PROSTITUCIÓN
DIARIO EL PAÍS
MANUEL CANCIO 03/02/2010
La procesada W... concertó con X, Y y Z la introducción en España de A para dedicarla al ejercicio de la prostitución... aprovechándose de que A tenía la esperanza de regularizar su situación administrativa, prometiéndole que la ayudarían a encontrar trabajo. ... Valiéndose... del temor que generaba, tanto con el ejercicio relativamente frecuente de agresiones físicas... como con el temor de que sus familiares directos en Bulgaria sufrieran las consecuencias..., así como vigilándola en todo momento..., X recogía a A en el local... y cobraba a los clientes, sin darle ganancia económica alguna. ... Agredía y la amenazaba con causarle daño si no accedía a acostarse con los clientes...".
Estos hechos aparecen como probados en una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace algo más de un año. Vivencias como las relatadas acontecen en lugares bien visibles desde nuestras carreteras, en el centro de nuestras ciudades, en medio de la vida cotidiana. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad conviva con sucesos de esta clase?
Si alguna vez se pensó que la prostitución, vinculada a una sociedad patriarcal sexualmente reprimida, era un fenómeno en declive debido a los cambios en materia de libertad sexual y con el progreso de la posición social de la mujer, hoy esa esperanza se ha desvanecido. No hay datos empíricos fiables, pero parece que la prostitución está en plena expansión. Especialmente visible y estridente en alguna de sus manifestaciones -los macroburdeles iluminados por neones imposibles en parajes perdidos, la crudeza de la prostitución callejera en las grandes ciudades o los explícitos anuncios en casi todos los periódicos-, diversas estimaciones hablan de 300.000 o más mujeres dedicadas a esta actividad en España. Se ignora qué porcentaje lo hacen en condiciones de autonomía y cuántas se encuentran sometidas a estructuras coactivas.
Evidentemente, agresiones como las recogidas en la sentencia citada demandan la intervención del Derecho Penal. Es común que en la opinión pública se afirme que el Derecho Penal español no prevé una respuesta suficiente. Se dice que esa lenidad es aprovechada por las redes mafiosas de trata de mujeres, lo que explicaría una presencia especialmente intensa del fenómeno. El corolario de esta argumentación es la demanda de una ampliación de la legislación penal.
Respecto de la prostitución moderna existen dos modelos básicos. Por un lado, está la opción prohibicionista. En su formulación original, se trata de trasladar al Derecho Penal la valoración de la prostitución como una actividad moralmente mala; éste es el modelo que aún pervive en algunos Estados de Estados Unidos, o fue el de la dictadura franquista a partir de 1956, cuando la declaró "comercio ilícito". Así puede perseguirse policial o penalmente a la prostituta, al consumidor y a quienes intervienen en el contacto: proxenetas, captadores, propietarios de locales. En los últimos años ha aparecido otra versión de la prohibición, formulada desde la perspectiva de género: la prostitución es identificada como expresión de violencia-dominación masculina. La compra masculina de cuerpos femeninos constituiría siempre (con independencia de la opinión de quien se prostituye) una muestra inequívoca de la desigualdad social de la mujer. En consecuencia, el Derecho Penal debe perseguir no a la prostituta -que es víctima de la estructura de dominación de un género por el otro-, sino a los varones que mantienen la prostitución como consumidores o como explotadores (siendo ambos grupos calificados de "prostituidores"). Este modelo ha sido adoptado en 1999 por Suecia y recientemente por Noruega. El segundo gran modelo de regulación persigue la normalización del fenómeno. La prostitución es considerada -con independencia de su valoración moral- una actividad lícita, que debe ser regida por normas jurídicas como cualquier otra: administrativas, laborales, tributarias. En el marco de esta opción, establecida, por ejemplo, en Alemania y en los Países Bajos, el Derecho Penal tan sólo debe garantizar la autonomía de las prostitutas, es decir, criminalizar únicamente a quienes las fuercen o exploten.
¿Cuál es la opción del legislador español? Al aprobar el Código Penal de 1995, que sustituyó la regulación heredada de la dictadura y remendada en varias ocasiones, se eliminaron todos los delitos -inaplicados en la práctica- en el entorno de la prostitución no coactiva. Sólo se mantuvo como delito, entre adultos, la participación en la llamada prostitución forzada. Determinar a otra persona a ejercer la prostitución es delito cuando se realiza "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad"; una conducta penada al menos con dos a cuatro años de prisión -sin perjuicio de castigar con severas penas, por supuesto, los demás delitos cometidos: agresiones sexuales concretas, detenciones ilegales, lesiones, amenazas-. Respecto de la prostitución no forzada, parecía que el ordenamiento español estaba por normalizarla, reservando el Derecho Penal sólo para los casos en los que no hay decisión libre. Sin embargo, desde 1995 no se ha implantado ninguna regulación de la prostitución a través del Derecho Administrativo. Y en 2003 se aprobó una reforma mediante la cual se reintrodujo como delito la conducta de quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma", generando una situación de gran inseguridad, ya que al utilizar la palabra "explotar" no queda claro si la ley incrimina a cualquiera que intervenga y obtenga beneficios o, por el contrario, sólo a quien abuse de su posición para explotar indebidamente a la persona prostituida.
No hay ningún déficit en las normas penales para castigar adecuadamente las conductas de prostitución forzada. La demanda de una reforma no es más que un reflejo condicionado que, como tantas otras propuestas en esta época de populismo punitivo y Derecho Penal del enemigo, desconoce la ley penal vigente. El problema es previo al Derecho Penal, está en la indefinición jurídica general: la prostitución en sentido estricto, libre de coacción, está en un limbo, no es ni lícita ni ilícita. Dejándola en la ambigüedad, se indica a la sociedad en su conjunto -y a los órganos de persecución penal- que debe mantenerse en una penumbra desregulada. De hecho, sorprende el escaso número de casos que llegan a juicio. No existe una intervención administrativa suficientemente decidida para eliminar la prostitución coactiva, y mucho menos una persecución seria del proxenetismo abusivo. Entonces, el rasgo sobresaliente del sistema penal español real (no de las leyes penales) respecto de la prostitución es la hipocresía: permitir que se desenvuelva sin apenas control, pero manteniendo normas penales que parecen desaprobarla -subrayando en el discurso continuamente la presencia de redes y organizaciones criminales-, y sin mancharse las manos estableciendo reglas jurídicas en un ámbito tabú. Una tercera "solución": mirar hacia otro lado.
Los agentes políticos mayoritarios mantienen esta confusión. No quieren asumir los costes que tendría abrir el debate: legalización o prohibición. La cuestión implica la identidad de la sociedad: la posición social de mujeres y hombres, el valor del principio de autonomía, las relaciones entre moral y Derecho. No hay votos que ganar aquí, se vaya en la dirección en que se vaya. Además, el amplísimo porcentaje de prostitutas extranjeras sin residencia regular contribuye a silenciar la situación de fondo. La coincidencia en el tiempo de la abolición de los delitos de proxenetismo en 1995 y la llegada masiva de extranjeros extracomunitarios indica que se ha sustituido la ilicitud de la prostitución en sí por la ilicitud de la residencia como mecanismo de marginación. Mientras que el Derecho mantenga en situación irregular a un notable conjunto de personas, será muy difícil cualquier solución, con independencia de cuál sea la consideración jurídica de la prostitución. De hecho, ninguno de los dos modelos funciona satisfactoriamente en Europa occidental, muy probablemente, por este factor.
En todo caso: la parálisis es la peor de las situaciones. La ausencia de un modelo de regulación de la prostitución, sostenida en una cómoda hipocresía, contribuye a mantenerla en un estado de naturaleza en el que crecen violencia y esclavitud.
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Manuel Cancio Meliá es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid
MANUEL CANCIO 03/02/2010
La procesada W... concertó con X, Y y Z la introducción en España de A para dedicarla al ejercicio de la prostitución... aprovechándose de que A tenía la esperanza de regularizar su situación administrativa, prometiéndole que la ayudarían a encontrar trabajo. ... Valiéndose... del temor que generaba, tanto con el ejercicio relativamente frecuente de agresiones físicas... como con el temor de que sus familiares directos en Bulgaria sufrieran las consecuencias..., así como vigilándola en todo momento..., X recogía a A en el local... y cobraba a los clientes, sin darle ganancia económica alguna. ... Agredía y la amenazaba con causarle daño si no accedía a acostarse con los clientes...".
Estos hechos aparecen como probados en una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace algo más de un año. Vivencias como las relatadas acontecen en lugares bien visibles desde nuestras carreteras, en el centro de nuestras ciudades, en medio de la vida cotidiana. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad conviva con sucesos de esta clase?
Si alguna vez se pensó que la prostitución, vinculada a una sociedad patriarcal sexualmente reprimida, era un fenómeno en declive debido a los cambios en materia de libertad sexual y con el progreso de la posición social de la mujer, hoy esa esperanza se ha desvanecido. No hay datos empíricos fiables, pero parece que la prostitución está en plena expansión. Especialmente visible y estridente en alguna de sus manifestaciones -los macroburdeles iluminados por neones imposibles en parajes perdidos, la crudeza de la prostitución callejera en las grandes ciudades o los explícitos anuncios en casi todos los periódicos-, diversas estimaciones hablan de 300.000 o más mujeres dedicadas a esta actividad en España. Se ignora qué porcentaje lo hacen en condiciones de autonomía y cuántas se encuentran sometidas a estructuras coactivas.
Evidentemente, agresiones como las recogidas en la sentencia citada demandan la intervención del Derecho Penal. Es común que en la opinión pública se afirme que el Derecho Penal español no prevé una respuesta suficiente. Se dice que esa lenidad es aprovechada por las redes mafiosas de trata de mujeres, lo que explicaría una presencia especialmente intensa del fenómeno. El corolario de esta argumentación es la demanda de una ampliación de la legislación penal.
Respecto de la prostitución moderna existen dos modelos básicos. Por un lado, está la opción prohibicionista. En su formulación original, se trata de trasladar al Derecho Penal la valoración de la prostitución como una actividad moralmente mala; éste es el modelo que aún pervive en algunos Estados de Estados Unidos, o fue el de la dictadura franquista a partir de 1956, cuando la declaró "comercio ilícito". Así puede perseguirse policial o penalmente a la prostituta, al consumidor y a quienes intervienen en el contacto: proxenetas, captadores, propietarios de locales. En los últimos años ha aparecido otra versión de la prohibición, formulada desde la perspectiva de género: la prostitución es identificada como expresión de violencia-dominación masculina. La compra masculina de cuerpos femeninos constituiría siempre (con independencia de la opinión de quien se prostituye) una muestra inequívoca de la desigualdad social de la mujer. En consecuencia, el Derecho Penal debe perseguir no a la prostituta -que es víctima de la estructura de dominación de un género por el otro-, sino a los varones que mantienen la prostitución como consumidores o como explotadores (siendo ambos grupos calificados de "prostituidores"). Este modelo ha sido adoptado en 1999 por Suecia y recientemente por Noruega. El segundo gran modelo de regulación persigue la normalización del fenómeno. La prostitución es considerada -con independencia de su valoración moral- una actividad lícita, que debe ser regida por normas jurídicas como cualquier otra: administrativas, laborales, tributarias. En el marco de esta opción, establecida, por ejemplo, en Alemania y en los Países Bajos, el Derecho Penal tan sólo debe garantizar la autonomía de las prostitutas, es decir, criminalizar únicamente a quienes las fuercen o exploten.
¿Cuál es la opción del legislador español? Al aprobar el Código Penal de 1995, que sustituyó la regulación heredada de la dictadura y remendada en varias ocasiones, se eliminaron todos los delitos -inaplicados en la práctica- en el entorno de la prostitución no coactiva. Sólo se mantuvo como delito, entre adultos, la participación en la llamada prostitución forzada. Determinar a otra persona a ejercer la prostitución es delito cuando se realiza "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad"; una conducta penada al menos con dos a cuatro años de prisión -sin perjuicio de castigar con severas penas, por supuesto, los demás delitos cometidos: agresiones sexuales concretas, detenciones ilegales, lesiones, amenazas-. Respecto de la prostitución no forzada, parecía que el ordenamiento español estaba por normalizarla, reservando el Derecho Penal sólo para los casos en los que no hay decisión libre. Sin embargo, desde 1995 no se ha implantado ninguna regulación de la prostitución a través del Derecho Administrativo. Y en 2003 se aprobó una reforma mediante la cual se reintrodujo como delito la conducta de quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma", generando una situación de gran inseguridad, ya que al utilizar la palabra "explotar" no queda claro si la ley incrimina a cualquiera que intervenga y obtenga beneficios o, por el contrario, sólo a quien abuse de su posición para explotar indebidamente a la persona prostituida.
No hay ningún déficit en las normas penales para castigar adecuadamente las conductas de prostitución forzada. La demanda de una reforma no es más que un reflejo condicionado que, como tantas otras propuestas en esta época de populismo punitivo y Derecho Penal del enemigo, desconoce la ley penal vigente. El problema es previo al Derecho Penal, está en la indefinición jurídica general: la prostitución en sentido estricto, libre de coacción, está en un limbo, no es ni lícita ni ilícita. Dejándola en la ambigüedad, se indica a la sociedad en su conjunto -y a los órganos de persecución penal- que debe mantenerse en una penumbra desregulada. De hecho, sorprende el escaso número de casos que llegan a juicio. No existe una intervención administrativa suficientemente decidida para eliminar la prostitución coactiva, y mucho menos una persecución seria del proxenetismo abusivo. Entonces, el rasgo sobresaliente del sistema penal español real (no de las leyes penales) respecto de la prostitución es la hipocresía: permitir que se desenvuelva sin apenas control, pero manteniendo normas penales que parecen desaprobarla -subrayando en el discurso continuamente la presencia de redes y organizaciones criminales-, y sin mancharse las manos estableciendo reglas jurídicas en un ámbito tabú. Una tercera "solución": mirar hacia otro lado.
Los agentes políticos mayoritarios mantienen esta confusión. No quieren asumir los costes que tendría abrir el debate: legalización o prohibición. La cuestión implica la identidad de la sociedad: la posición social de mujeres y hombres, el valor del principio de autonomía, las relaciones entre moral y Derecho. No hay votos que ganar aquí, se vaya en la dirección en que se vaya. Además, el amplísimo porcentaje de prostitutas extranjeras sin residencia regular contribuye a silenciar la situación de fondo. La coincidencia en el tiempo de la abolición de los delitos de proxenetismo en 1995 y la llegada masiva de extranjeros extracomunitarios indica que se ha sustituido la ilicitud de la prostitución en sí por la ilicitud de la residencia como mecanismo de marginación. Mientras que el Derecho mantenga en situación irregular a un notable conjunto de personas, será muy difícil cualquier solución, con independencia de cuál sea la consideración jurídica de la prostitución. De hecho, ninguno de los dos modelos funciona satisfactoriamente en Europa occidental, muy probablemente, por este factor.
En todo caso: la parálisis es la peor de las situaciones. La ausencia de un modelo de regulación de la prostitución, sostenida en una cómoda hipocresía, contribuye a mantenerla en un estado de naturaleza en el que crecen violencia y esclavitud.
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Manuel Cancio Meliá es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid
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