La voz de Galicia
a torre vixía : Cuando las moscas se matan a cañonazos
Lunes 06 de diciembre de 2010
No hay motivo alguno para alegrarse de que un Gobierno que no es capaz de suspender de empleo y sueldo al trabajador que no cumple, ni de retirar del ejercicio de la profesión al médico que da bajas fraudulentas, ni de sancionar el falso estrés laboral que surge en puentes y fechas señaladas, tenga arrestos, en cambio, para militarizar al trabajador, obligarlo a sentarse en su puesto por tiempos y a la voz de «¡ar!», y amenazar sus discrepancias o desobediencias con hasta doce años de prisión.
Que se haya reabierto el espacio aéreo de España es una buena noticia. Pero que esa normalización se haya logrado mediante el «estado de alarma» y la militarización de personal civil es, además de un rotundo fracaso de gestión que afecta a varios Gobiernos, un durísimo alegato contra la cultura sindical y laboral que hemos establecido en España, de la que hacen uso frecuente muchos colectivos y sindicatos. Los aviones están volando, es verdad. Pero lo están haciendo a costa de una sobreactuación gubernamental que no le sienta nada bien ni a la democracia ni a la Constitución que, 32 años después, aún permite matar moscas a cañonazos.
El colapso aéreo del pasado viernes es el resultado de una sucesión de gestores que resolvió doce años de conflicto a base de ceder a todas las reivindicaciones, de pagar por la paz laboral todo lo que pidieron, de tolerar todos los fraudes sindicales que instrumentaron estas negociaciones, y de permitir que los controladores se hiciesen dueños del cuerpo de funcionarios al que pertenecen, hasta llegar a una situación en la que al Gobierno le es más difícil despedir a un controlador que encerrarlo en la cárcel. Y esto es, en términos democráticos y laborales, una animalada.
Lo que da mala imagen no es que los controladores bloqueen un día el cielo de España. Lo que resulta insoportable, y sube la prima de riesgo, es que este bloqueo lo hagan los funcionarios del Estado mejor pagados; que lo hagan alegando enfermedades no certificadas; que lo hagan asesorados por sindicatos de chiste y cobrando las horas de conspiración contra el Estado; y que lo hagan sin que nadie se atreva a despedirlos, ni a a modificar las plantillas y la forma de acceso a la profesión, ni a laboralizarlos.
Lo curioso es que muchos ciudadanos que quedaron atrapados en los aeropuertos aún están dispuestos a salir a la calle para que no se aborde una reforma laboral seria y efectiva. Y por eso hay que decir muy fuerte que, aunque el problema aeroportuario está provisionalmente superado, no es ninguna buena noticia que el Estado no tenga más instrumentos para gestionar a un controlador que la pistola de un militar, el exceso de un fiscal, y la cárcel. ¡Siempre la cárcel!
