ELVIRA LINDO / El inocente y el chulo

ELVIRA LINDO
El inocente y el chulo

EL PAÍS 27/06/2010


Cuando mi amigo A., recién divorciado, se ha dispuesto a sacar los billetes para veranear con sus tres hijos este agosto que viene, se ha encontrado con que sus niños tienen un carnet de familia numerosa con interesantes descuentos y él no. Él, por ley, se ha convertido en una especie de Tito solterón y generoso que invita a los sobrinitos a las vacaciones. El Tito tampoco puede aspirar a una vivienda de protección oficial porque su sueldo es el de un alto ejecutivo; a nadie parece importarle que ese sueldo se convierta en el de un obrero una vez que el Tito le ha restado la pensión de los niños, el pago de la hipoteca de una casa que es supuestamente suya aunque no la disfrute en su vida, el alquiler de su apartamento y, por supuesto, muchos de los gastos inesperados y caprichosos de sus hijos, que piden, piden y piden, sin reparar en que el nuevo papá está a dos velas. Mi amigo, que es lo que toda la vida de Dios se ha llamado un padrazo, vive como un triunfo el que, a pesar de ser la madre quien tiene la custodia, sus criaturas se saltan el régimen de visitas y cada dos por tres invaden el exiguo apartamento: para ver el Mundial, para jugar al tenis o porque, simplemente, le echan de menos. Mi amigo A. se siente estafado. No estafado por la vida, que es una frase tan literaria como carente de significado, sino estafado por la justicia y castigado. Es como si volviera a la escuela y el maestro le hiciera pagar por la gamberrada de unos cuantos chulos. La consecuencia es triste, porque siendo mi amigo un hombre de carácter afable y amante de las mujeres, deja traslucir en los últimos tiempos, en sus comentarios sobre las relaciones sentimentales, un poso de resentimiento del que antes carecía. Se siente, me ha confesado, el inocente que ha cargado con las culpas del machismo histórico, del actual, de la injusta discriminación de las mujeres en los puestos directivos, de los sueldos escandalosamente más bajos de las trabajadoras, del ridículo porcentaje de mujeres en la Real Academia Española, del hombre que se fue a por tabaco y ya nunca más se supo, del que no declara lo que realmente gana y de la mujer que pierde la oportunidad de promocionarse en su profesión por tener que entregarse en cuerpo y alma a los hijos. "Pero ¿qué culpa tengo yo de la desigualdad de siglos?", se pregunta. "¡Si yo era el que quería la custodia compartida! Y siempre he sido el chófer, el que hace las tortillas de patata y el que lleva a los niños, bien de mañana, a esos partidos de los sábados, que están acabando con aquella entrañable imagen del padre que andaba medio en pijama las mañanas de fiesta por casa". Cada vez que aparece en la prensa un artículo o información sobre la custodia compartida me acuerdo de él. El otro día, sin ir más lejos, María Sanahuja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, explicaba de manera impecable en este mismo periódico las ventajas de compartir la responsabilidad. Sanahuja, miembro de "otras voces feministas", reflexionaba sobre la engañifa que para las mujeres supone, a largo plazo, otorgarles por sistema la custodia. Los hijos, a los que entregaron su vida, se acabarán marchando, su vida profesional se habrá visto menoscabada por su condición de guardiana de la crianza y la casa, al cabo de los años, tendrá que venderse y repartirse. La magistrada ponía el acento en cómo la tendencia de los jueces a conceder la custodia a la madre perpetuaba la situación de postergación de las mujeres. Completamente de acuerdo. Tal vez lo que mi amigo echa de menos en esos artículos que defienden la verdadera igualdad es un poco de atención a lo que es la vida de algunos hombres en esos momentos. No solo es la mujer la que pierde. Si a la mujer se le escapan oportunidades laborales, ¿en qué se convierte el hombre, que se ve ajeno y fuera de todo lo que antes poseía? Cuando hay dinero para construir una nueva vida, todo es más llevadero, pero lo habitual es que la justicia deje a uno de los miembros de la pareja lampando. Por desgracia, la ley tiene que corregir la mezquindad de la gente. Lo deseable sería que cuando dos personas dejan de quererse tuvieran todavía capacidad para ser generosas. No hay ningún psicólogo, ni juez, ni asistente social que pueda convencerme de que lo mejor para los hijos es que mantengan su piscina mientras su padre está a dos velas. De la misma forma que a las mujeres nos gusta que los hombres practiquen con su actitud cotidiana la igualdad, que no nos hagan de menos ni nos ninguneen, que no nos llamen zorra ni puta ni puerca por mucho que detesten nuestras opiniones, que no nos tomen por menores de edad, que no ejerzan un irritante paternalismo, que no nos consideren incapaces por sistema y que no piensen que nuestra presencia en la vida pública les está robando algo, hay ciertos hombres, los que se han visto maltratados por la justicia por el hecho de ser eso, hombres, a los que les gustaría que en esa aspiración de igualdad social no se les dejara caer en el olvido. No se trata solo de que los jueces de familia ejerzan, de verdad, la justicia, sino de que desde cualquier otra columna escrita por una mujer no se les arrebate su presunción de inocencia y no tengan que pagar por la culpa del chulo de la clase.

Violencia y género: el dolor que nunca cesa

Violencia y género: el dolor que nunca cesa
José Luís Barreiro
La Voz de Galicia
Jueves 10 de junio de 2010


A Bibiana Aído no le queda más remedio que insistir en que tenemos la mejor ley integral contra la violencia machista, y que cualquier rectificación en el modelo sería una catástrofe. Pero los cuatro años transcurridos desde que la ley se aprobó se empeñan en decir lo contrario, y que, mientras las mujeres siguen muriendo con implacable cadencia, los efectos derivados de la tosquedad procesal con la que se trata la violencia doméstica obligan a cuestionarse hasta qué punto es sostenible y positivo el extremismo discriminatorio que rige en esta materia.

Contradecir el tópico discurso que sirve de ungüento para tan dolorosa quemadura sigue siendo imposible. Porque, al igual que en tantas otras cosas, se ha llegado a la conclusión de que discutir es justificar, que los argumentos contra ciertos dogmas son un incentivo para el maltratador, y que, frente a un tema de tanta envergadura, quiebra cualquier debate sobre las garantías judiciales y sobre las causas que originan el penoso estado de cosas en el que nos encontramos. Lo único que se admite es que la ley no es una panacea, y que a base de normas no se paran los asesinos. Pero no se reconoce que hace cuatro años se vendió la idea de un corte radical con una historia maldita que hoy representa una enorme frustración.

Las contundentes cifras de este año, que el doble crimen de Salt acaba de poner de actualidad, vienen a decir que el camino emprendido no es el correcto. Pero todo el sistema mediático que protege el pensamiento único ya empezó a funcionar para que nadie reconozca un error, para que todo el mundo pida paciencia, para que la culpa recaiga en la escasez de medios, y para que, no pudiendo medir el éxito en función de las muertes evitadas, se mida en relación con las denuncias presentadas, los destierros decretados y las pulseras implantadas.

La desviación que rige el modelo es que una sociedad justa e idílica, como la nuestra, está entreverada por cuatro malvados que disfrutan matando y suicidándose, y que por eso hay que plantear la cosa como una cacería de serpientes venenosas a las que hay que ganarle la maniobra -de forma civilizada- antes de que nos piquen. Pero yo creo que no es así, y que, al margen del cupo de locos y asesinos que nos toca por millón de habitantes, tenemos graves fallos estructurales y mal diagnosticados que alimentan esta ola de sangre que nos ahoga. La vigente ley, que no ha erradicado ninguna de las causas del problema, está agravando ciertos desajustes. Y, aunque lo que se tiene por correcto es decir que todo va de maravilla y por la senda prevista, las mujeres siguen muriendo como antes, en medio de un desorden moral y jurídico que nadie quiere analizar, ni reponer.

SE ASESINÓ A SÍ MISMO

AUTOR: JOSE LUIS BARREIRO
SECCIÓN: LA TORRE VIGÍA
MEDIO:PERIÓDICO "EL PAÍS"
FECHA: 20 de diciembre de 2008


SE ASESINÓ A SÍ MISMO

Más que suicidarse, como dicen los periódicos, Maximino Couto Durán se asesinó a sí mismo. Porque lejos de buscar un escape para sus frustraciones y desesperanzas, se castigó con la misma saña enloquecida con la que había matado a su compañera y con la que hubiese matado a su ex esposa en el supuesto de haberla encontrado. Y por eso tengo la convicción de que Maximino era un enfermo que se había metido en el centro de su propio odio, y al que nadie le diagnosticó algo distinto de una violencia irracional y sin explicaciones que solo puede convencer a los que creen que la violencia de género y el terrorismo son dos excepciones tardías al principio de causalidad y a las leyes infalibles de la lógica.

En el ambiente de inflexibilidad moral e intelectual que rige el tratamiento de los delitos sociales que están de moda, tuve la sensación -Dios me perdone- de que, detrás de muchas informaciones y comentarios que se hicieron sobre este caso, se percibía un tufo de satisfacción apenas disimulado, como si, ante un crimen tan deleznable, tuviese vigencia jurídica el repugnante principio de que «muerto el perro se acabó la rabia». Y por eso quiero decir con toda claridad que, más allá de los sentimientos personales que pueda producir o soportar la conciencia de cada uno, la muerte de Maximino, mientras estaba custodiado por el Estado, es un fracaso moral y una responsabilidad equivalente a la que todos tenemos -el Estado somos todos- por la muerte de su pareja.

Líbreme Dios de decir que en la muerte de Maximino hay culpables. Pero no por ello he de callar que en esta muerte hay responsables, y que si esas responsabilidades no se depuran estaremos enseñando un camino para la solución de estos asuntos que puede ser más repugnante que el problema mismo. Y que nadie me venga con monsergas. Porque a ningún Estado se le suicidan ni los condenados a muerte, ni los terroristas, ni los presos de Guantánamo, si el propio Estado no hace funcionar las alcantarillas. Y por eso no es de recibo que a un preso que tiene todas las características de ser un perturbado y un enfermo, se le creen condiciones psicológicas extremas sin ofrecerle la correlativa seguridad extrema de la que pende su vida.

Si el Estado no tiene un orden impecable, y un sentido de la responsabilidad y de la moralidad a prueba de cualquier circunstancia, tampoco puede imponer ese orden entre los ciudadanos -criminales, santos o gente corriente- que se acogen a su autoridad y a su derecho. Y por eso es necesario dejar constancia de que, en el autoasesinato de Maximino Couto, hemos fracasado con tanta contundencia y gravedad moral como en la muerte de su pareja. Porque si la ley no es así, no es ley.

LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

AUTOR: MARÍA SANAHUJA
SECCIÓN:OPINIÓN
MEDIO:PERIÓDICO "EL PAÍS"
FECHA: DICIEMBRE 2008


Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.

Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.
Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales. Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que "ellos también tenían familias"; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres...), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.
La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.
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(María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas)